Seguridad y soberanía alimentaria
En el Ecuador 3'800.000 personas trabajan en el sector campesino
Entrevista: Ramiro Galarza
Secretario Técnico de la Conferencia Plurinacional e Intercultural de Soberanía Alimentaria
La Conferencia Plurinacional e Intercultural de Soberanía Alimentaria, creada en 2010, junto con la Ley Orgánica del Régimen de Soberanía Alimentaria, no ha podido ejecutar grandes cambios en las políticas de seguridad y soberanía alimentaria en el Ecuador. Esto por la falta de apoyo de grandes políticas públicas, según Ramiro Galarza.
"En los 5 años de vigencia de la ley no hubo atención del sector público para su funcionamiento instantáneo y el poco financiamiento
económico retraso nuestro trabajo," afirma Galarza.
Uno de los retos de la Soberanía Alimentaria es cambiar los patrones de consumo. Hay que modificar la forma de alimentarse, dejar la comida chatarra por la agroalimentación. Si nosotros logramos este cometido, mejoraríamos los patrones de consumo, la calidad de vida y también consumiríamos la producción nacional campesina, comenta.
La Conferencia Plurinacional e Intercultural de Soberanía Alimentaria, junto con el Gobierno de turno, hemos creado la obligatoriedad del Estado de asumir la Ley de Soberanía Alimentaria para que se introduzca la agroalimentación (consumo de alimentos sanos) al país, dice Galarza. Con ello, generamos una alimentación sana y que ayude a conservar los ecosistemas, los suelos y tierras. Esto garantiza que los agricultores no se envenenen al realizar su trabajo y que los productos que consumamos sean orgánicos.
Se intenta erradicar los principales problemas de salud por mala alimentación, como la insuficiencia alimentaria y el déficit nutricional (personas que padecen desnutrición), dice Galarza -aunque no da cifras, pese a ser entrevistado personalmente y tras recibir un cuestionario-. Pero afirma que este problema no se genera por la capacidad productiva, sino por la mala redistribución de la tierra.
Galarza cuenta que otros problemas son: la no democratización de la tecnología, el racismo en contra de quienes se dedican a este trabajo y la introducción a un capitalismo absorbente, que privilegia el desarrollo de ciudades, antes que al bienestar del sector rural. Menciona también que es ilógico que el campo siga subvencionando a las ciudades y que no se generen políticas para el sector rural.
Galarza dice que dentro de lo que indica la norma, ellos han hecho propuestas de leyes de tierras y territorios, de pesca y para que los agricultores accedan al crédito.
Para mejorar el trabajo del campesino se intenta que accedan al crédito. El antiguo Banco Nacional de Fomento, que cambió su nombre por Banco de Ecuador, se está reformando para responder a la demanda de estas personas, cuenta. Galarza menciona que "antes, este lugar no podía solventar las necesidades de los campesinos porque su estructura no estaba adecuada hacia los pequeños productores." También, explica que no se tenían leyes que vayan de acuerdo a la situación social, ni económica de los campesinos. "A ellos no se les puede exigir grandes garantías hipotecarias por sus condiciones económicas, entonces tenemos que facilitar estos procesos," dice.
En el país, proyectivamente, podríamos alimentar a una población de 30 a 35 millones de personas, según cálculos que se han hecho en La Conferencia Plurinacional e Intercultural de Soberanía Alimentaria. Con la población actual, tenemos la capacidad de alimentar hasta por 50 años más.